¿Por qué el Diplomado de Investigadores Descalzos?

El movimiento social en Oaxaca cuya expresión más visible se dio en el año de 2006 conllevó una masiva organización social que nadie pudo prever. Desde diversas teorías se ha intentado interpretar este movimiento de movimientos. Consideramos necesario contribuir a entender esta diversidad de reflexiones y, sobre todo, a investigar más a fondo sobre la propuesta de asamblea que ha servido como punto de encuentro a las diversas expresiones sociales y políticas que se han reunido en el seno este movimiento.

El movimiento de los pueblos de Oaxaca encontró en el método de asamblea -para muchos en el nombre de la APPO- su forma natural de organizarse para luchar y vencer, esto ha sido consecuencia natural de la experiencia asambleísta que prevalece en la mayor parte de los sectores de nuestra sociedad, como las colonias y los sindicatos obreros pero, sobre todo, en donde la experiencia es más radical y profunda: en las comunidades de los pueblos indios.

Creemos que debemos limpiar nuestras miradas para examinar con rigor lo que somos y para conocer las características más significativas de nuestros movimientos y de los caminos que creemos necesarios recorrer para crear otra sociedad. Necesitamos dar forma a los nuevos planteamientos teóricos y políticos que coinciden con los desafíos actuales. Y para esto nos proponemos:

Propósitos
· Realizar una reflexión sistemática sobre la situación económica, social y política de Oaxaca, con perspectiva nacional y mundial, con énfasis en los movimientos sociales autónomos; es decir los que luchan desde la base para transformar la sociedad sin la toma del poder del estado. O que van más allá del poder de arriba.
· Discutir, analizar conjuntamente diversas propuestas de transformación.
· Explorar la naturaleza y características de los modos comunales y conviviales de vida (campo-ciudad) en el contexto oaxaqueño.
· Animar a la construcción de consensos para acciones conjuntas. Unidad en la diversidad.
· Contribuir al debate público de los temas asociados con la transformación profunda de Oaxaca.

Medios
1. Organizar un esfuerzo de investigación sistemática, basado en el acopio de información y la documentación en la base social, principalmente en pueblos, colonias, barrios y comunidades del estado de Oaxaca, realizándolo en el marco de las interacciones con las organizaciones sociales y espacios y sectores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, (APPO) y del movimiento social en general que se visibilizo a mediados del 2006.
2. Organizar durante dos semestres, sesiones quincenales de reflexión, de 5 horas cada una, con la participación de activistas sociales, académicos comprometidos, dirigentes sociales y autoridades tradicionales, entre otros. Dichas sesiones tendrán forma de diplomado, a realizarse a partir del domingo 10 de agosto, a las 11 am.
3. Hacer públicos los diversos planteamientos a través de todos los medios posibles, auditivos, visuales e impresos.

Resultados esperados
· Caracterización y documentación, desde la base social, de los movimientos sociales en Oaxaca.
· Identificación de sus principales tendencias y propuestas.
· Acopio y publicación de iniciativas de transformación.
· Participación en el debate público para la construcción autónoma.
· Diseminación y publicación por medio de audios, videos e impresos de las iniciativas desde la base y las problemáticas existentes para su aplicación concreta.
· Contribuir a la construcción de iniciativas autónomas desde la base social.

PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE INVESTIGADORES DESCALZOS

Tendremos sesiones de discusión y reflexión cada 15 días durante un año con distintas autoridades indígenas, activistas sociales e intelectuales comprometidos.

Dichas sesiones se complementaran con talleres teórico-prácticos. Los cuales se agendarán conjuntamente con los participantes.

TEMAS PRINCIPALES

· Introducción al contexto Oaxaqueño- (10 de agosto)
- Ponencia, “Autonomía y comunalidad en Oaxaca” impartida por Benjamín Maldonado, antropólogo y estudioso del magonismo en México.

· Presentación de participantes en el diplomado y acuerdos de logística y organización (23 o 24 de agosto)

· El método de reflexión en la acción. Cuestiones teóricas y prácticas. - Gustavo Esteva (6-7 septiembre)

· Experiencias Oaxaqueñas
- La COCEI-1974-1987, ODRENASIJ en la Sierra Norte, ASAM en la Mixe, La sección 22 del magisterio, El municipio Autónomo de San Juan Copala, entre otros.

· El contexto oaxaqueño.

· Naturaleza y características de la APPO y los movimientos sociales.

· El contexto nacional. Naturaleza de la crisis política y las opciones de resolución.
- El zapatismo
- Experiencias de luchas por la autonomía en México: Los caracoles zapatistas, La policía comunitaria de Guerrero, La cooperativa de Euzkadi, El Congreso Nacional Indígena, El ejercito de Mujeres Mazahuas.
- La otra campaña
- El movimiento lopezobradorista
- Otros.

· El contexto mundial.
-La crisis del imperio y del modelo neoliberal.
- La desglobalización y los movimientos antisistémicos.
- La guerra mundial del capital.
- Perspectivas.

· Experiencias latinoamericanas
- Experiencias de autonomía y poder popular en América Latina: MST de Brasil, Piqueteros de Argentina, CONAIE en Ecuador, Bolivia y las luchas desde las bases, La experiencia de autonomía de la costa atlántica de Nicaragua.

· Las luchas democráticas actuales: formal, participativa, radical.

· Las opciones políticas:
- Reformas del régimen político actual
- Ajustes en las políticas actuales
- Nuevo modelo de política económica y social
- Reformas legales e institucionales
- Nuevo régimen político
- Variantes social-demócratas del capitalismo
- Variantes socialistas
- Variantes más allá del capitalismo y el socialismo

· La perspectiva indígena y el pluralismo radical.

· Naturaleza y características de la fuerza constituyente y su asamblea.

· El significado actual de la autonomía y la construcción horizontal de la sociedad.

· La crítica de las ideologías e instituciones como práctica radical de transformación.


SESIONES FECHAS POR DEFINIR

· Experiencias históricas en México
- Revoluciones interrumpidas en México: La independencia y la revolución mexicana.
- El movimiento del 68

· Otras Experiencias históricas
- Experiencias históricas de revoluciones sociales en Europa: La guerra civil española y la comuna de parís.
- Guerrillas latinoamericanas


TALLERES

*.- Periodismo comunitario.

*.- Edición de video.

*.- Sistematización de bancos de información

*.- Geopolítica

*.- Formación de consensos

*.- Diseño Grafico por computadora, ( Revistas, periodicos, fanzine, etc)

*.- Producción radiofónica

*.- Serigrafía

*.- Encuadernación

TALLER PERMANENTE. Durante todo el año estaremos explorando la investigación descalza con las herramientas metodológicas teórico-practicas de la reflexión en la acción.

Nota importante: En estos momentos nos encontramos confirmando a los ponentes y ajustando las fechas a sus posibilidades de estar presentes. Algunas participaciones serán a través de videoconferencias o de documentales. La mayoría de ponentes participarán físicamente o iremos a sus comunidades. Entre los invitados y posibles asistentes tenemos contemplados distintos investigadores, activistas, intelectuales y/o autoridades comunitarias de Oaxaca, México, América Latina y Europa.

23/10/08

La violencia de Estado en México - Carlos Montemayor

Carlos Montemayor/ I, II, III, IV y V

La violencia de Estado en México

La violencia de Estado abarca un amplio espectro de intensidad y de modalidades según los procesos concretos por los que atraviese la sociedad en la que surge. Los golpes de Estado, las dictaduras resultantes, la guerra civil, son un inmenso espacio donde la violencia alcanza niveles impredecibles. Un Estado sometido a un proceso de guerra actuará de manera diferente según vayan sucediéndose algunos estadios previsibles: la insurrección general, los combates de ejércitos, la fase del triunfo provisional o definitivo de un ejército o de una facción, la consolidación del nuevo Estado.

Las guerras civiles o las secuelas de algunos procesos de restructuración del poder en las sociedades modernas pueden recorrer el trayecto de acuerdos de paz y de formación de coaliciones, o bien el de dictaduras o el del entronizamiento de grupos etnocráticos que desaten campañas genocidas y de limpieza étnica difíciles de cuantificar, resistir o reconocer como procesos de la historia de las civilizaciones humanas.

Sin embargo, el balance y deslinde de procesos extremos de confrontación social de un Estado fracturado o en vías de recomposición son esenciales para la restitución del tejido social de ese pueblo. En términos historiográficos y políticos, tal deslinde es necesario, pero doloroso. Los procesos de convulsión requieren de un tratamiento complejo que abarque múltiples facetas, tanto por medio de Comisiones de la Verdad (Sudáfrica o Guatemala, pongamos por caso) como en procesos penales posteriores (Argentina y Chile, por ejemplo, o en México la fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado).

Pueden presentar semejanzas en la intensidad de violencia ciertas facetas de la guerra civil española y ciertos periodos de la consolidación del régimen franquista con alguna etapa de las dictaduras latinoamericanas derivadas de golpes de Estado: Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala o el México convulso de la Revolución de 1910 y sus secuelas de lustros. Es posible que la desintegración de la vieja Yugoslavia y el genocidio de Kosovo no tengan paralelo en este continente, pero persecuciones en contextos racistas y de invasión territorial como ha ocurrido en Kosovo, en diversos países africanos y en Palestina, pueden ser sujetos de algunas aproximaciones comparativas en los casos de masacres a poblaciones indígenas o de despojos territoriales en distintas regiones del continente americano.

En estos casos la guerra es el referente central, ciertamente. La guerra con sus entramados convencionales o ilegales, con sus laberínticos discursos difíciles de comprobar con la realidad o la verdad social. Pero incluso en países que podríamos considerar sociedades de normalidad democrática, a salvo de procesos de excepción, como las guerras civiles o los golpes de Estado, surgen una estrategia de guerra para enfrentar oficialmente distintos momentos y modalidades de la inconformidad social. No desconozco que la guerrilla rural y urbana surge a menudo apoyándose en una declaración formal de guerra, pero no olvido que de manera recurrente los Estados se niegan a reconocerla como fuerza beligerante a fin de no quedar sujetos a un orden legal internacional, como el del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. La guerrilla rural es una forma de guerra, pues, pero entre nosotros no ha puesto aún en vilo al Estado mismo, que la subsume como inconformidad social y a menudo como delincuencia, no como guerra convencional. En este orden, en un país que podemos reconocer como de normalidad democrática, y que ante la insurgencia rural o el crimen organizado, no digamos ya ante la inconformidad social no armada, se espera que actúe conforme a sus propias leyes, conforme a derecho, en este orden, repito, en este sentido, sitúo mi análisis sobre la violencia social en México.

Ahora bien, la violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX se desplegó en una amplia gama de regiones y sectores sociales, tanto en los contextos de prevención, contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, comarcas, partidos políticos, movimientos subversivos, manifestaciones populares.

Sería natural suponer que a la complejidad de los procesos de inconformidad social corresponde la complejidad de la violencia de Estado. Pero esta premisa adolece de un reduccionismo casuístico, que dejará de lado la visión general de los elementos constantes y recurrentes mediante los cuales opera esa violencia. Adolece de un reduccionismo más: creer que la inconformidad social es una forma de violencia que el Estado se propone frenar o resolver.

Estas premisas de análisis podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

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Decíamos en la anterior entrega que las premisas de análisis en la violencia de Estado podrían allanarse si recurrimos al deslinde inicial de algunos elementos constantes y básicos en estos procesos complejos: me refiero a los órdenes del discurso, de la acción militar o policial, de las instancias de procuración e impartición de justicia y en ocasiones de la legislación misma. Proponer las constantes mínimas que concurren en este tipo de violencia social ayuda a entender cuándo la decisión de un gobernante deja de ser administrativa y se convierte en violencia de Estado.

En el orden del discurso, por ejemplo, debemos destacar fundamentalmente que en toda formulación discursiva oficial hay un plano explícito y otro encubierto. En el plano explícito discrepan las versiones sobre la realidad social que formulan los movimientos de inconformidad social y el Estado mismo. El discurso encubierto, en cambio, es el sustrato que acepta la sociedad en su conjunto como verdad inobjetable y que sirve de sustento y contexto al discurso explícito oficial.

Veamos esta formulación del discurso oficial a propósito de los movimientos guerrilleros mexicanos. La caracterización de tales movimientos desde la perspectiva oficial forma parte ya de una estrategia de combate y no de un análisis para comprenderlos como procesos sociales. Tal perspectiva postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear su solución de fondo. Al reducir al máximo los datos de causalidad social se favorece la aplicación de medidas solamente policiacas o militares.

Para entender los movimientos armados rurales conviene suponer, en principio, que en ellos concurren una dinámica de polarización regional y una dinámica militar que se expresa en la conformación de la estrategia y los núcleos armados de la guerrilla. Un primer error de análisis, no de manipulación discursiva, es considerar desvinculados el núcleo armado de la guerrilla y las condiciones sociales en que se sostiene.

Un segundo error sería ver que el vínculo entre las condiciones sociales y los núcleos guerrilleros es sólo casual y que no hay, por tanto, una integración profunda entre la guerrilla y sus circunstancias regionales. Con estas opciones de interpretación la decisión oficial podría inclinarse fácilmente por una acción policiaca o militar que intentara sofocar al núcleo armado sin modificar las circunstancias sociales de la región.

De reconocer la dinámica social como uno de los componentes de tales movimientos rurales, el Estado se obligaría a modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social regional. Podría hacerlo para evitar cualquier alzamiento en ese instante y en el futuro, o sólo podría decidirse a aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un movimiento armado específico. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado.

Tal dinámica social podría atenderse regionalmente, además, con programas efectivos de desarrollo de dos distintas maneras: una, desplegando o incluso enfrentando los programas de desarrollo a los movimientos mismos; otra, aplicándolos paralelamente a una negociación política. En el primer caso, los proyectos de desarrollo se aplicarían como parte de una estrategia de combate y aun de exterminio de los núcleos armados y sus bases sociales. En el otro, se aplicarían como parte de una acción coordinada de negociación política. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra, la paz alcanzada mediante el exterminio de las bases sociales y los núcleos insurgentes. De acuerdo con la experiencia mexicana, podemos afirmar que cada vez que se ha optado por este último caso se han sentado las condiciones para la recurrencia de la guerrilla.

En todas las opciones expuestas aquí, la formulación del discurso explícito oficial que descalifica socialmente los procesos populares armados está apoyándose en un contenido no explícito que le facilita calificar como violencia social la constituida por el alzamiento sin obligar al Estado a despejar otro concepto previo: el de “paz social”. Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la desnutrición, el desempleo, al analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, la desigualdad social extrema, la pérdida de talla o estatura en núcleos rurales e indígenas, el acortamiento del promedio de vida en zonas rurales y marginadas. Indicadores así, y otros que pueden conformarse de acuerdo con características regionales, gremiales o de legislación local o nacional (podríamos decir caciquismos, corrupción policial, venalidad de jueces, explotación laboral en campos agrícolas, industrias, maquiladoras o sectores de servicios mediante presiones sindicales, indefensión o subcontratación laboral por terceros a niños, mujeres o jóvenes) constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, amengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el contrario, surge para que esa violencia previa cese.

En la violencia de Estado hay espacios oficiales que poseen mecanismos propios y recurrentes. A nivel policial y militar destaca la creación y continuidad de comandos de elite como fuerzas de choque para enfrentar movimientos populares no armados. A nivel procesal, la acción coordinada del Ministerio Público y de los jueces que obvian procedimientos legales para acusar, castigar y resolver de manera expedita e injusta. En la desaparición forzada, la aquiescencia de autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal.

Podemos hablar de la violencia de Estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración e impartición de justicia, y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de líderes y represión indiscriminada, hasta masacres y desapariciones forzadas. Tal violencia puede describirse vía las acciones específicas y propias de cuerpos policiacos, contingentes militares, manipulaciones procesales, sentencias de jueces sin fundamento legal suficiente, o el crimen de Estado que caracteriza de manera central esta violencia: las desapariciones forzadas.

Revisemos algunos casos de esta urdimbre letal en diversos movimientos del México del siglo XX. Primero, los operativos de allanamientos ilegales multitudinarios de pequeños poblados o barrios, con daños y despojos indiscriminados y arrestos colectivos sin sustento legal. He descrito ampliamente estos operativos, con todas sus secuelas, en mi novela Guerra en el paraíso. Son las tácticas militares donde se originaron las desapariciones forzosas y los asesinatos de centenares de campesinos en el estado de Guerrero durante la guerra sucia de los años 70. La guerra sucia en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala, en cualquier país, hubiera sido imposible sin estos operativos que en las primeras horas del amanecer ensangrentaron aldeas y barrios enteros.

Este modus operandi continental sigue tomándose en cuenta en México como recurso oportuno. Así ocurrió hace pocos años en una zona rural cercana a la ciudad de México. El 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentó el capítulo dedicado a nuestro país de su Informe 2007, donde se señalaba en cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, que “la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión”. Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y llevadas a la cárcel, “al menos 26 de ellas denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fueron objeto de agresión sexual o violación de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores”.

En el mismo mes de la agresión expliqué en estas páginas de La Jornada el procedimiento complejo que se había aplicado esa madrugada del 3 de mayo del año 2006. Gran parte de la eficacia de estos cateos ilegales en las primeras horas del amanecer y en pequeñas aldeas o en pequeños barrios, y sus secuelas de daños derivan de lo inesperado del operativo mismo y de la contundente y visible superioridad de las armas sobre familias inermes. El armamento es intimidatorio desde los retenes que cercan el territorio y bloquean entradas y salidas de la aldea o del barrio; después, en los comandos de elite que penetran en domicilios para acentuar la sorpresa y para evidenciar la superioridad de su fuerza.

Los contingentes militares o policiales penetran en todas las habitaciones de las casas para detectar rápidamente armas, equipos, pertrechos, alimentos, propaganda o dinero. A estos detalles técnicos y tácticos se debe la imposibilidad de distinguir entre el robo, el despojo, la destrucción indiscriminada y lo que esos elementos y sus jefes quisieran que víctimas y analistas llamáramos solamente “inspección”. La secuela de devastación, robo y ultraje es connatural a la inspección y a la aprehensión multitudinaria.

Un mecanismo esencial de tal tipo de operativos deriva de su naturaleza táctica: la imposibilidad de que sea una acción improvisada. Se trata de un operativo que no puede surgir por azar: requiere de planificación anticipada. Segundo, es resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. O sea, precisan de la anuencia, coordinación o disposición de poderes municipales, estatales y federales; de agentes del Ministerio Público Federal, de jueces, de servicios médicos, de fuerzas complementarias y de autoridades carcelarias. Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente.

Un aspecto más deriva de los dos anteriores: no son operativos de alto riesgo militar ni policiaco, pues la sorpresa y la superioridad de armamento, más los estudios previos para su aplicación en las zonas ya vigiladas y analizadas, no suponen una resistencia peligrosa ni real. Son operativos de amedrentamiento y sometimiento inmediato. Pero lo notable de éstos es su alto riesgo político. El mensaje social que operativos así encarnan es de tal magnitud que no pueden aplicarse sin un mandato de las autoridades políticas. Es recurrente en la historia de este tipo de acciones el mecanismo retórico para deslindar a la autoridad política de la autoridad policiaca o militar. Esto explica y torna necesaria una coordinación más: la de los medios informativos. Es muy útil el silencio, la complicidad e incluso la distorsión generada por televisión, radio y prensa escrita. Esta coordinación multisectorial demuestra que se trata de una decisión de Estado y no de la violencia impulsada por una aislada decisión administrativa

En la entrega anterior nos referimos al carácter multisectorial de los operativos de allanamiento en aldeas o barrios para aprehensiones multitudinarias. Destaquemos ahora que la autorización de las jerarquías políticas cubre no solamente la aplicación del operativo en un punto rural o urbano específico, sino el propio entrenamiento de los cuerpos de choque policiacos o militares. No hay un divorcio entre la decisión policiaca, la militar y la política desde el entrenamiento de cuadros hasta la planeación de los operativos y su ejecución. La persistencia o la recurrencia de estos cuadros, grupos o comandos, a los que podemos llamar, con involuntario humor negro, “de alto rendimiento”, han ido evolucionando tanto en cuerpos policiacos y militares como en corporaciones paramilitares. Su actividad tiene variantes no tan pronunciadas como para que resulte difícil identificarlas en diversos operativos.

Fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los causantes de la masacre en la plaza central de Atoyac el 18 de mayo de 1967. Los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez se manifestaron para protestar por las elevadas cuotas que la directora de la escuela imponía a los estudiantes. Los policías judiciales acuartelaron a los policías preventivos y atacaron a la población, como describo pormenorizadamente en la novela Guerra en el paraíso. Las autoridades quisieron culpar a Lucio Cabañas de la masacre e intentaron aprehenderlo; ese día Lucio se vio obligado a remontarse a la sierra: así se originó su guerrilla.

También fueron policías judiciales de Guerrero, actuando como grupos de choque, los que irrumpieron en una reunión de la Asociación de Copreros en el puerto de Acapulco, en agosto de ese mismo año de 1967. La asociación iba a celebrar las elecciones de una nueva mesa directiva y tenían como invitado de honor al líder campesino veracruzano César del Ángel. Los policías, entre ellos conocidos pistoleros de la Costa Grande y la Costa Chica al servicio de caciques, asesinaron a mansalva a 27 campesinos a fin de evitar la elección libre de la nueva mesa directiva y luego atribuir la matanza a César del Ángel, quien logró huir antes de que también lo liquidaran.

Fueron igualmente policías judiciales del estado de Guerrero los que perpetraron la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Por muchos indicios sabemos que los campesinos fueron abatidos en un operativo policiaco preparado con anticipación. Declaraciones de sobrevivientes y de la entonces alcaldesa de Atoyac; fotografías tomadas por Martín Gómez Muñoz antes de que colocaran armas en las manos de los cadáveres, y el análisis del documento fílmico que hizo circular el gobierno del estado, confirmaron, primero, que el nutrido contingente policiaco estaba emboscado. Segundo, que los disparos iniciales, con pistola, fueron sólo una señal para que se abriera el fuego con armas de largo alcance. Tercero, que no hubo tiroteo entre fuerzas campesinas y policiacas. Cuarto, que se acribilló a los campesinos que estaban arracimados en el camión de redilas. Quinto, que fueron colocadas pistolas en los cadáveres fotografiados por Martín Gómez Muñoz porque los campesinos sólo portaban machetes y palos de madera. Sexto, al no contar con capacidad de fuego ni de respuesta, el sometimiento de los campesinos hubiera sido inmediato, sin necesidad de disparar indiscriminadamente sobre tantos hombres inermes. Séptimo, recibieron el tiro de gracia los heridos que fueron detectados por las patadas propinadas a los cuerpos ensangrentados. En suma, imposible haber liquidado con armas de alto poder a 17 personas sin darse cuenta de que éstas estaban indefensas.

Esta masacre no fue un caso aislado de represión; formó parte de una estrategia de guerra más amplia en varias regiones de la sierra de Guerrero y de manera particular en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los 17 campesinos masacrados pertenecían a esa organización y cinco años después ascendió a 42 el número de hombres asesinados. Antes y después de la masacre, se formó una organización campesina paralela que en vano intentó neutralizar a la OCSS. Todo esto fue el probable detonante del alzamiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que en el vado de Aguas Blancas hizo su primera aparición al año siguiente, en 1996.

Los cuerpos de choque también se han formado en el Ejército, no sólo en la policía. Sabemos ahora que fueron comandos del Estado Mayor Presidencial los francotiradores que perpetraron la masacre de estudiantes y soldados el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Que uno de esos comandos apostados en el techo de la iglesia de Santiago Tlatelolco fue el agresor del general Hernández Toledo. Que estos comandos efectuaron ataques con explosivos en diversos edificios públicos y privados en 1969. Que de ellos se derivaron los comandos conocidos como los Halcones, perpetradores de la masacre de estudiantes el jueves de Corpus de 1971, también en la ciudad de México. Sabemos que al tercer día de haber tomado posesión como presidente de la República, Luis Echeverría instruyó a su canciller Emilio Rabasa para que pidiera oficialmente asesoría militar y policial a Estados Unidos para los Halcones y para su responsable directo, el entonces coronel Manuel Díaz Escobar.

El 2 de octubre de 1968 fue un laboratorio de experimentos represivos a gran escala: la coordinación entre cuerpos policiales y militares con el Ministerio Público y jueces; una maquinaria inmensa echada a andar en la Operación Galeana con el Batallón Olimpia en primer término, los destacamentos militares apostados en diversos puntos de un amplio perímetro que ceñía a la plaza de Tlatelolco y las actuaciones en serie del Ministerio Público y resoluciones de jueces. El modus operandi de esta vasta maquinaria de Ministerio Público y del Poder Judicial se había aplicado en la represión de movimientos sociales anteriores, particularmente el ferrocarrilero y el magisterial. La diferencia entonces fue la continuidad de mandos, contingentes y modo de operar de cuerpos policiales y del ejército a lo largo de varias décadas de guerra.

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En diciembre de 1997 irrumpió en México otra variante de la violencia de Estado a través de los grupos de choque. Dos años antes, desde 1995, estos nuevos grupos ya no estuvieron integrados por militares ni policías, sino por paramilitares indígenas. Uno de estos contingentes perpetró una de las más brutales masacres en el México del siglo XX, en los Altos de Chiapas. Por su importancia entre las bases sociales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y por el modus operandi de Estado, revisaremos algunos puntos de lo ocurrido ese 22 de diciembre de 1997.

En el municipio de Chenalhó, en Acteal, en los mencionados Altos de Chiapas, se habían concentrado familias campesinas desplazadas desde hacía tiempo de su lugar de origen por presiones de grupos paramilitares. Estas familias desplazadas eran conocidas como las Abejas. Atentas a los rumores de que se preparaba para atacarlas uno de tales grupos entrenados por cuadros de la policía estatal, se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita que habían construido en Acteal, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para disminuir los riesgos de un enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

A las 10:30 de la mañana se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes de color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en una hondonada cercana. Durante seis horas los paramilitares dispararon y ultimaron a varias decenas de víctimas; cesaron de accionar las armas cuando consideraron que habían acabado con todos los que se encontraban en la hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietas desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa con claridad Acteal.

Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para pedirle su intervención inmediata; el funcionario dijo no saber nada, pero a las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes a dar detalles de la matanza. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar y que ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.

A las ocho de la noche la Cruz Roja movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y la ubicación de cuerpos sin vida en la hondonada. Otras seis unidades de la Cruz Roja se integraron durante la noche a las tareas de rescate. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía pertenecer a alguien que hubiera significado un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. La agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.

Debe apuntarse que los agentes de la policía de seguridad pública llegaron cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre: no preservaron el área de la matanza, no practicaron legalmente las diligencias para el levantamiento de cadáveres ni guardaron registro de los sitios donde se hallaron los casquillos de las balas percutidas; tampoco permitieron que intervinieran otros peritos en criminalística de campo.

Por ello resalta su intención de inventar muertes con arma blanca y destripamientos de mujeres encintas: así podrían fácilmente caracterizar la masacre como un enfrentamiento entre indígenas primitivos. Esta invención fue propalada por el gobierno estatal en una campaña de medios para sugerir una especie de matanza ritual al estilo de los kaibiles guatemaltecos. El Servicio Médico Forense del estado llegó incluso a falsear su reporte para afirmar que 33 víctimas fallecieron por arma de fuego, siete por machetes o cuchillos (entre ellas varias mujeres embarazadas) y cinco por golpes en la cabeza.

Más tarde, los servicios periciales de la PGR determinaron que 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes: 36 fueron asesinadas en las faldas del cerro, en una hondonada, y las nueve restantes fueron perseguidas y cazadas en las inmediaciones.

El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997, y Felipe Vásquez Espinoza, en ese momento subcomandante de seguridad pública, explicaron en sus declaraciones ministeriales los diversos motivos por los que se abstuvieron de frenar la masacre, según veremos en la próxima entrega.

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19/10/08

Conocer Desde el Sur. Fundamentos para una cultura política emancipatoria - BOAVENTURA SOSA de SANTOS
Primera parte
Segunda parte

Zapatistas, piqueteros y sin tierra. Nuevas radicalidades políticas en América Latina - HERNÁN OUVIÑA

Zapatistas, piqueteros y sin tierra
Nuevas radicalidades políticas en América Latina
Hernán Ouviña*
Cuadernos del Sur

No digan que el movimiento social excluye el movimiento político.
No existe movimiento político que no sea social al mismo tiempo
Karl Marx

El presente trabajo tiene por objeto realizar un breve análisis comparativo de los principales movimientos sociales que han emergido y se han consolidado al calor de la implementación de las políticas neoliberales en las dos últimas décadas en la región. Nuestra intención, por supuesto, no es agotar el tema, sino más bien esbozar una introducción a la problemática en cuestión, denominada por la mayoría de los autores como "Nuevos Movimientos Sociales" (en adelante nms), a partir de la investigación en tres países: México, Argentina y Brasil.
Se comenzará discutiendo en un nivel teórico qué entendemos por nms y cuan innovadores resultan con respecto a las organizaciones y grupos precedentes. Luego, se realizará una distinción entre los movimientos europeos y los de nuestro subcontinente. En tercer lugar, a partir de una serie de ejes y características generales (composición social, organización, discurso emitido y formas de lucha) que tornan plausible su comparación, se abordará el surgimiento y la dinámica del zapatismo (México), el movimiento piquetero[1] (Argentina) y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil), intentando dar cuenta de las diferencias y similitudes entre ellos. Por último, como complemento a modo de Apéndice, se profundizará en el estudio de cada uno de los movimientos mencionados.

Una aclaración necesaria: que hay de nuevo en los nms

Se ha convertido en un lugar común hablar de nms a la hora de referirse a los sujetos colectivos que irrumpieron en los últimos veinte años en buena parte de América Latina, al calor de la creciente "exclusión" social, la crisis de representación y la erosión de los mecanismos de participación política. Sin embargo, es preciso desmistificar su carácter totalmente novedoso. Como bien expresan Riechman y Fernandez Buey (1994) "la historia misma de las sociedades modernas es una historia de movimientos sociales", por lo que referirse de esta manera a aquellos grupos humanos que presenten características innovadoras resulta, cuanto menos, un exceso teórico y político.
No obstante, sería igualmente absurdo suponer que estos movimientos socio-políticos son una copia fiel de aquellos derrotados, o cooptados a nivel institucional, en los tumultuosos años '70 y '80. La tragedia no se ha repetido, pues, como farsa. ¿Cuáles son entonces, a grandes rasgos, los factores que inducen a llamarlos de esta forma? Previamente, es preciso poner de manifiesto un escollo mayúsculo existente al interior de la teoría crítica contemporánea, respecto del análisis de este cúmulo de fenómenos recientes: no lograr gestar y dar a luz una nueva matriz de intelección, que lo habilite para pensar dichos sucesos, distinguiendo lo nuevo de la experiencia tradicional[2]. Tal vez estemos, como ha enunciado Raquel Gutiérrez Aguilar (2002) "ante la necesidad de una nueva pauta sintética de comprensión de los eventos, que contribuya a iluminar el hacer y a trazar esquemas de horizontes posibles". Lo cierto es que se torna imprescindible el surgimiento de teorías que, desde variados ángulos conceptuales e interdisciplinarios, aborden la complejidad de este fenómeno actual.
Por ello, una primer cuestión a destacar es que la emergencia de estas originales formas de protesta responde en parte a una nueva estructura socio-económica marcada por la paulatina desindustrialización y la pérdida de derechos colectivos (Gutiérrez Aguilar, 2002). Si en las décadas pasadas la mayoría de las luchas remitían al espacio laboral -predominantemente el fabril- como ámbito cohesionador e identitario, hoy en día las modalidades de protesta social exceden la problemática del trabajo, anclándose más en prácticas de tipo territoriales[3]. La vivienda y la comida, la ecología, los servicios públicos, los derechos humanos o la recuperación de valores tradicionales, que tienden a ser subsumidos dentro del proceso de globalización capitalista en curso, son algunos de los principales ejes que atraviesan a los nms[4]. La sociedad misma deviene un instancia de confrontación donde la producción y la reproducción tienden a confundirse[5].
En segundo lugar, es importante señalar que los partidos políticos establecidos, más allá de su tendencia ideológica, han internalizado la crisis del Estado "intervencionista" (sea en su faceta benefactora en Europa, o en la populista en América Latina) y, por lo tanto, ya no se muestran aptos para mediar en la relación Estado-Sociedad. Esto se constata, como indica Claus Offe (1996), en su incompetencia manifiesta y su capacidad de respuesta insuficiente ante el conjunto de problemas que plantean una necesaria resolución en términos públicos y comunitarios.
Esta conjunción de factores generó precisamente la emergencia de organizaciones que cuestionan los límites de política institucional, y que la literatura especializada denominó nms. Más allá de sus especificidades, ellos surgen como una respuesta social a un vacío político[6]. En América Latina, en particular, expresan un cierto desencanto con relación a los partidos políticos y, en especial al Estado, como espacios únicos de canalización de demandas o eliminación satisfactoria de conflictos. De acuerdo a Eslavoj Zizek (2000), difieren de los movimientos tradicionales "por una cierta autolimitación, cuyo reverso es un cierto excedente": son renuentes a entrar en la disputa habitual por el poder, subrayando su resistencia a convertirse en una estructura partidaria rígida que aspire a devenir en futura mayoría gubernamental, pero al mismo tiempo dejan en claro que su meta es mucho más radical, en tanto luchan por una transformación fundamental del modo de actuar y de las creencias. Este proyecto integral "de cambio de paradigma de vida", dirá Zizek, "necesariamente socava las bases mismas de la democracia formal".
Por otra parte, a la hora de definir su carácter novedoso, es preciso tener en cuenta que el mismo no necesariamente está vinculado con una cuestión cronológica, sino ante todo cualitativa. Definiremos entonces a los nms, siguiendo a Michel Vakaloulis (2000), como un conjunto cambiante de relaciones sociales de protesta que emergen en el seno del capitalismo contemporáneo. Estas relaciones se desarrollan de forma desigual en sus ritmos, su existencia reivindicativa, su constancia y su proyección en el futuro y en su importancia política e ideológica. El origen común es el conflicto, de forma directa e indirecta, con la materialidad de las relaciones de poder y dominación. No obstante, cabe aclarar que según esta concepción el movimiento social no constituye un proceso lineal que -en términos de una visión determinista de la lucha de clases- expresaría el carácter inexorable de las resistencias a los procesos de explotación y de dominación capitalista. Al mismo tiempo, podemos mencionar como característica distintiva de los nms, el hecho de que al no estar bajo el mando de elites políticas externas, tienen con frecuencia formas de organización menos autoritarias. En este aspecto, según Luis Alberto Restrepo (1990), hay incluso "una ruptura consciente con las modalidades verticales de ejercicio de la autoridad propias de los movimientos tradicionales". No son estas, por cierto, las únicas distinciones sustanciales que nos obligan a utilizar la noción de nms para denominar a movimientos tales como los sin tierra, los zapatistas y los piqueteros. Como veremos más adelante, también entran en juego en los últimos años nuevos grupos sociales, originales formas de lucha, así como motivaciones políticas distintas a las clásicas.
Algunas diferencias y similitudes entre los nms de América Latina y los de países capitalistas centrales
Un primer punto a tener en cuenta al realizar una comparación entre los nms de los países capitalistas occidentales y los de la periferia es que, a diferencia de los del llamado Primer Mundo (feminismo, ecologismo, pacifismo, "globalifóbicos", etc.), que constituyen casi en su totalidad acciones colectivas desde sectores del centro, los de latinoamerica pueden verse como una rebelión desde los márgenes. Esto se debe fundamentalmente a su composición social: si los múltiples colectivos que pululan en Europa, Norteamérica y Canadá son integrados por hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, de buena posición económica (nueva clase media, vieja o tradicional clase media, y en menor medida sectores periféricos al mercado de trabajo), con un nivel alto de educación y perdida de algunos beneficios del Estado de Bienestar, en el caso de América Latina buena parte de las luchas actuales son protagonizadas por movimientos compuestos por "excluidos" -sean estos desocupados, indígenas o trabajadores rurales- con escaso o nulo nivel educativo.
En segundo término, cabe destacar que el tipo de relación que establecen con las estructuras del Estado varía: mientras que en Europa gran parte de los nms han devenido en organizaciones cuyas acciones apuntan a consolidar un espacio de negociación y transformación social en el seno del Estado mismo (el movimiento ecologista alemán, a través de la conformación del Partido de los Verdes, es paradigmático al respecto), en nuestra región, el zapatismo, los Sin Tierra y los piqueteros no parecen focalizar sus acciones hacia una vocación de gobierno. El caso extremo lo representa el EZLN, quien tiene como premisa excluyente para la totalidad de sus miembros el renunciar a la aspiración de cualquier tipo de cargo político. La apuesta es, esencialmente, hacia el fortalecimiento de la "sociedad civil" y de sus redes horizontales de solidaridad y resistencia. Algo similar ocurre con la mayoría de los movimientos piqueteros en Argentina. Salvo la Federación de Tierra y Vivienda, que postuló marginalmente como candidato a Luis D'Elia, el resto de ellos descree del proceso electoral y del Parlamento como instancia decisoria prioritaria. Ello no implica, por supuesto, que no sean conscientes de que, aunque de forma diferenciada, realizan una práctica política constante[7]. Sí supone la no subordinación del movimiento a los tiempos estatales. La relación del MST con el Partido de los Trabajadores es al respecto ejemplificadora: Si bien mantienen un vínculo estrecho, al punto de postular en algunos estados candidatos en conjunto, no omiten denunciar a la corriente hegemónica del PT como "gerenciadora de la crisis" (Stedile, 1998), ni menguan su capacidad de presión a través de la toma de haciendas en aquellos distritos gobernados por tendencias de izquierda[8].
En tercer lugar, la construcción de organismos de contra-poder tiene como precondición la creación y experimentación de nuevas relaciones sociales no escindidas de lo cotidiano: las cooperativas rurales de los campesinos brasileños, los proyectos productivos de trabajo realizados por los piqueteros, y las tierras comunales cultivadas en los Municipios Autónomos chiapanecos, constituyen en todos los casos instancias donde lo político y lo económico, lejos de verse como compartimentos separados, se amalgaman concretamente[9]. Los tres movimientos plasman así de manera embrionaria, en sus prácticas territoriales mismas, los gérmenes de la sociedad futura por la cual luchan, en la medida en que ensayan "aquí y ahora" una transformación integral de la vida. Se amplía, pues, la esfera de lo político, arraigando cada vez más en el seno mismo de la sociedad civil. Por contraste, muchos de los grupos que conforman el movimiento "anter-globalizador", tienden a subsumir sus prácticas a los espasmódicos momentos en que los principales funcionarios de los organismos financieros internacionales se reúnen en ciudades europeas, priorizando el carácter mediático y virtual de la protesta por sobre la territorialización y expansión de nuevos vínculos sociales[10].
No obstante, más allá de estas y otras tantas diferencias reales, se han ido generando espacios de coordinación e intercambio de experiencias de lucha y organización entre ambos movimientos, entre los que cabe destacar al Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) durante sus primeros tres años[11], y en la India en su última convocatoria, así como la Vía Campesina, en el ámbito rural. De menor envergadura -aunque no radicalidad-, el Encuentro Internacional de Pensamiento Autónomo, convocado en enero de 2004 en el sur del Gran Buenos Aires, ha sido también un terreno de diálogo y reflexión de aquellos movimientos que apuntan, sin perder su vocación universalista, a una construcción más de tipo experimental. Estos encuentros han sido sumamente fructíferos para generar una perspectiva internacional que, respetando la diversidad de intereses antes descripta, pueda llegar a amalgamar a escala mundial los discursos y prácticas contra-hegemónicos de los sectores perjudicados por la imposición de políticas neoliberales. De todas maneras, retomaremos esta discusión en las conclusiones finales.

América Latina en resistencia: cartografía de tres movimientos

En México, Brasil y Argentina existen hoy en día amplios movimientos sociales y políticos que, más allá de sus particularidades, tienen una serie de características generales que permiten esbozar un análisis comparado[12]. Los principales ejes que los atraviesan son los siguientes:
1. Composición social.
2. Organización.
3. Discurso emitido.
4. Formas de lucha.
Respecto del primer punto, puede afirmarse que la progresiva marginalidad conforma un rasgo común de estos sectores en lucha. Campesinos y trabajadores rurales empobrecidos en el caso de los Sin Tierra, indígenas sometidos a una cultura y una dinámica laboral ajenas, en Chiapas, así como desocupados, pobres estructurales, y clase media pauperizada, en las zonas periféricas de Argentina, dan cuenta de similares grupos sociales, mayoritariamente definidos por su carácter de "excluidos"[13], en sociedades que, comparativamente, resultan las más industrializadas de la región.
No estaríamos en presencia, por lo tanto, de un simple antagonismo entre capital y trabajo, entendido en su sentido clásico y restringido, aunque tampoco podemos expresar, como hace Alain Touraine (1984), que se han "disuelto" los conflictos de clase. Lo que ha ocurrido, creemos, es una creciente complejización de dichas tensiones, en el marco de una heterogeneidad estructural de las relaciones sociales que torna específica y diferencial a América Latina respecto de Europa. Por ello, siguiendo a Arturo Fernandez (1991) podemos decir que si bien los conceptos de clase y movimiento social no pueden confundirse ni subsumirse, es imperioso realizar un "análisis flexible y particularizado de la naturaleza de clase de cualquier movimiento social", a los efectos de "enriquecer y clarificar su comprensión y estudio prospectivo, sobre todo en regiones como la latinoamericana".
Con relación al segundo punto, el ejercicio de la democracia directa y un alto grado de horizontalidad son dos de los ejes vertebradores de los movimientos, de manera tal que los fines propuestos por ellos están contenidos en sus propios medios de construcción, despojándose del criterio instrumentalista predominante durante décadas en la izquierda clásica. La organización del zapatismo, por ejemplo, invierte la lógica tradicional de los partidos leninistas: las "bases" son las que se encuentran en la cúspide decisional, por debajo de la cual se ubica el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, cuyos miembros son nombrados por las mismas comunidades, instancia de máxima jerarquía al interior del EZLN. Esta estructura es la que garantiza en último término que "el que mande, lo haga obedeciendo", como ellos dicen. La reciente creación de las Juntas de Buen Gobierno[14] no hace más que profundizar este proceso democrático. También el movimiento piquetero se delinea a través de la práctica asamblearia, más allá de las diferencias ideológicas entre los diversos grupos[15]. El órgano supremo donde se toman las decisiones se encuentra conformado por delegados de cuadrillas de trabajo, emprendimientos productivos o comedores barriales. El Movimiento Sin Tierra, por su parte, se estructura sobre la base de comisiones que designan democráticamente una dirección política "colectiva", evitando las figuras de presidente, secretario y tesorero. Ello no implica, por supuesto, que no existan en los tres casos ámbitos representativos. Pero sí supone una dinámica participativa y de discusión permanente por parte del conjunto de los miembros del movimiento, en las diferentes instancias deliberativas conformadas por una red de articulación basada en el consenso.
Otra característica singular que atraviesa a estos grupos es que sus dirigentes y referentes máximos tienen un compromiso vital muy fuerte con las comunidades donde se desarrollan las luchas y experiencias autónomas. Allí habitan, y comparten con la comunidad las condiciones de existencia, como bien señala Guillermo Cieza (2002). Se percibe, por lo tanto, un distanciamiento social relativamente pequeño entre los líderes y los demás miembros o integrantes, por contraste a las agrupaciones tradicionales (sindicatos, partidos políticos, etc.), cuya estructura organizativa de tipo piramidal escinde en muchos casos al extremo las bases de sus respectivas cúpulas dirigentes.
En tercer lugar, los discursos pregonados se sustraen en grado sumo al de los años '70, si bien en todos los casos recuperan algunas consignas elaboradas por aquel entonces, re-significándolas en función de sus prácticas concretas de resistencia. Además del humanismo guevarista, resulta llamativa la influencia en los tres movimientos, aunque en grados diferentes, de la teología de la liberación: los curas y militantes cristianos de base brindaron un aporte fundamental para la conformación de las primeras agrupaciones de trabajadores desocupados[16] en Argentina. Las comunidades eclesiásticas de la "Iglesia progresista", a su vez, dieron sustento a la lucha del MST brasileño desde sus inicios, propagando el "espíritu misionero" de compañerismo y solidaridad en el campo, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra. En San Cristóbal de las Casas, por su parte, la acción del obispo Samuel Ruiz y de su diócesis ha contribuido enormemente a la consolidación del zapatismo.
Estas tradiciones de lucha se combinan con dos rasgos que denotan una radical innovación: la demanda de autonomía frente al Estado y la ausencia de una auto-proclamación de vanguardia[17]. Al mismo tiempo, la apelación permanente a la palabra "dignidad" atraviesa, curiosamente, a los tres movimientos[18]. La negatividad o el rechazo hacia políticas estatales o corporativas excluyentes es, asimismo, central[19]: El grito de ¡Ya basta! con el cual se dio a conocer el 1 de enero de 1994 el EZLN, o el bloqueo de rutas y caminos por parte de los grupos piqueteros, obstruyendo la circulación del capital[20], son ejemplos claros de ello. También la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, y la problemática de género, se encuentran entre sus principales reivindicaciones. No obstante, aunque cada uno de estos nms nace expresando un profundo desacuerdo con el orden existente, no es cierto que se agoten en la misma protesta. Proponen, en paralelo, variadas soluciones frente al actual estado de cosas[21]. Basta leer las Demandas Políticas, Económicas y Culturales puestas a discusión por el zapatismo en la Primer Consulta Nacional e Internacional por la Paz y la Democracia, o los sucesivos Programas de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados votados por los diferentes movimientos piqueteros, o los numerosos documentos de Reforma Agraria elaborados por los Sin Tierra de Brasil.
Finalmente, en cuanto a las metodologías de lucha y confrontación, lo que los moviliza a la acción directa es la necesidad de luchar contra el intento de desarticular instancias, valores y culturas arraigados en la comunidad. En este sentido, ha sido fundamental la oposición al NAFTA (surgimiento del zapatismo como respuesta a su puesta de vigencia en México) y, de manera más generalizada, a la futura implementación del ALCA (Tratado de Libre Comercio de las Américas) en el continente, al punto de condicionar varias de las prácticas resistencia utilizadas por los múltiples movimientos sociales. Cabe mencionar como proceso complementario la creación de espacios territoriales autónomos -o "públicos no estatales"- a los efectos de generar un ámbito material independiente de las formas tradicionales de relaciones sociales, que recupere la unicidad cultural, e incluso en algunos casos lingüista y étnica, sin descuidar en paralelo el respeto a la diversidad. Si en el caso del MST, la centralidad de la demanda de tierra se percibe en su nombre mismo, en el zapatismo también cumple un papel fundamental: tal como expresa Harry Cleaver (2000), uno de los puntos nodales del conflicto actual en Chiapas se encuentra en el cercado y privatización de terrenos comunales indígenas, a partir de la modificación del artículo 27 de la Constitución Nacional en 1992. En menor medida, también el movimiento piquetero basa buena parte de sus prácticas en la constitución de un espacio autogestionario de producción colectiva. La exigencia por parte de trabajadores desocupados de la apertura de antiguos polos industriales que estructuraban la vida de pueblos enteros, en especial en ciertas regiones periféricas del país, subordinado a las Asambleas Vecinales que gestionan de manera democrática los planes de empleo (v.g. Mosconi) da cuenta de una dinámica similar. La ocupación de predios, fábricas y establecimientos de desuso, y su puesta en funcionamiento teniendo como horizonte el trabajo desmercantilizado, es parte de este proceso. Cabe destacar que, en los tres casos, aún cuando no se valen de los canales tradicionales para efectuar sus reclamos, en numerosas ocasiones los utilicen. Por ello, si bien las modalidades de protesta son menos institucionalizadas, sin duda ha habido un avance desde acciones más desarticuladas, a formas sistemáticas de manifestación[22], sustentadas por recursos y fuentes no convencionales que potencian la desobediencia civil.
Sin embargo, sería erróneo idealizar este tipo de prácticas, desconociendo que muchas de las demandas solicitadas por estos movimientos se vinculan con garantizar una subsistencia minimamente digna. En este sentido, cabe preguntarse si las nuevas formas de protesta -de las cuales el zapatismo, los sin tierra y los piqueteros son una de sus mayores expresiones, aunque desde ya no la única[23]- no se hallan en parte más orientados a la satisfacción de necesidades básicas, siendo más puntuales y defensivas que las correspondientes a las formas clásicas (v.g. movimiento obrero europeo).
Vale la pena, por último, reflexionar en torno al vínculo que los nms establecen con los partidos políticos más afines a sus intereses. En el caso de los Sin Tierra, la relación con el Partido de los Trabajadores es sumamente ambigua: por un lado, mantienen una relación fraternal, al punto de que algunos integrantes del MST, tal como mencionamos, son legisladores electos por el PT. Aún así, no puede ser considerado el "brazo rural" del partido, debido a que las decisiones fundamentales de los Sin Tierra son tomadas por fuera de ese ámbito[24]. Más allá de esta tensión, si bien las organizaciones partidarias de izquierda se han visto fortalecidas con las últimas elecciones nacionales y estaduales, el triunfo de Lula hasta el momento no redundó en un avance concreto hacia una posible toma de posición favorable del Estado, respecto de la conflictiva cuestión de la Reforma agraria en Brasil[25].
En Argentina, por constraste, la crisis de representación luego del 19 y el 20 ha dado como resultado una desestructuración del sistema de partidos y una erosión colosal de los niveles de credibilidad de la población para con las organizaciones tradicionales, al punto de aparecer como una de las pocas consignas aglutinadoras el "¡que se vayan todos!" -al menos hasta marzo de 2003, momento en el cual tiende a perder vigencia. Los movimientos piqueteros, si bien en algunos casos forman parte de agrupaciones políticas de mayor envergadura, no han logrado aún configurar un espacio de coordinación transversal lo suficientemente sólido como para poder incorporar en la agenda pública sus demandas fundamentales[26]. Tampoco en el corto plazo se vislumbran iniciativas gubernamentales que apunten a erradicar los problemas de fondo que sentaron las bases de la actual desocupación estructural, por lo que no es descabellado pensar en un intento de represión estatal a mediana escala sobre los grupos más radicalizados, en paralelo a la cooptación (a través de prebendas y concesiones materiales) de aquellas agrupaciones más propensas a la conciliación.
En México, finalmente, se ha abierto -con el quiebre de la prolongada hegemonía del Partido Revolucionario Institucional- un proceso de democratización todavía incierto, aunque el Partido de la Revolución Democrática no parece generar mayores perspectivas de cambios profundos. Sin embargo, en los tres países, más allá de las particularidades descriptas, asoma un adelgazamiento de la capacidad institucional del régimen representativo burgués para funcionar como mediación eficaz ante la protesta social que inevitablemente engendran las políticas neoliberales santificadas desde el Consenso de Washington (Yunez, 2002). Los partidos tradicionales, depositarios de la confianza y la expectativa iniciales de las masas en la democracia en tanto garantes de ésta, fueron asimismo los primeros en sufrir el creciente descrédito popular hacia los pilares del sistema político.
Al parecer, no es entonces este el eje directriz que permitiría "emparentar" a los tres movimientos. Si en un comienzo el triunfo del PT -limitado en términos de márgenes de maniobra política y alianzas con sectores de centroderecha- avizoró un futuro venturoso para el Cono Sur, en especial respecto de la constitución de un polo opositor a la implementación del ALCA, hoy en día, tras la expulsión de varios legisladores de su ala más radical ante la negativa de votar en el Parlamento políticas de ajuste en el sector público, se desvanecen las ambiguas expectativas que se habían depositado en las potencialidades de un gobierno de izquierda en el país más poblado de América Latina. En Argentina, no se observa en los movimientos sociales todavía una voluntad real de construir -tomando en parte como ejemplo la gestación del Frente Amplio uruguayo y del PT de Brasil, pero también experiencias menos "estatalistas" como la de la Coordinadora del Alto en Bolivia- un espacio crítico que evite la disgregación y permita fortalecer (o trascender, según sea el caso) las disímiles demandas de las organizaciones que componen el campo popular (sectores sindicales, piqueteros, estudiantiles, vecinales, e inclusive agrarios). Con todo, es preciso tener en claro que no hay posibilidad alguna de reconstituir el movimiento local si no es desde una perspectiva internacional. En este sentido, el Foro Social Mundial (al margen de sus limitaciones) y otras instancias más combativas aún, como la Vía Campesina, emergen sin duda como "archipiélagos" aglutinantes y posibles puentes de comunicación al interior de este múltiple crisol de luchas contemporáneas que demuestra que -más que nunca- la rebeldía es tan global como el capital.

APÉNDICE
Breve itinerario de los nms
Un, dos, tres, cuatro, cinco mil, la lucha de Argentina es la de México y Brasil
Consigna cantada en la Marcha contra el ALCA
Foro Social Mundial 2002, Porto Alegre

1. México: "para que nos vieran, nos enmascaramos"

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición pública el 1º de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia el NAFTA. Al grito de ¡Ya Basta!, ocuparon la ciudad de San Cristóbal de las Casas, junto con otras seis cabeceras municipales de Chiapas. Luego de cruentos combates -que dejaron un saldo de casi 200 muertos y más de un millar de heridos-, el 12 de enero se estableció una tregua que hasta el día de hoy no fue rota, si bien el Ejercito Federal y la policía, en combinación con diversos grupos paramilitares de la zona, han desencadenado desde entonces una guerra de desgaste integral que incluye asesinatos, requisas y amedrentamientos cotidianos a los indígenas y campesinos que participan en, o simplemente simpatizan con, el movimiento zapatista.
Este primer levantamiento, lejos de ser un acontecimiento espontáneo, estuvo preparándose más de diez años. Meses atrás, el EZLN festejó el 17 de noviembre de 1983 como la fecha de su fundación. En aquel entonces, un pequeño grupo de revolucionarios miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional se estableció en las montañas de la Selva Lacandona junto con algunos indígenas y mestizos. Sin embargo, este núcleo de militantes marxista-leninistas se topó con algo totalmente innovador. En palabras del Subcomandante Marcos (1998) "nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo, que hoy se conoce como 'el neozapatismo'". De esta forma, poco a poco, de ser un minúsculo grupo guerrillero, el movimiento se fue convirtiendo en una comunidad en armas (Holloway, 1997). Lo que irrumpe finalmente el 1º de enero no es, por tanto, un foco terrorista compuesto por revolucionarios profesionales, sino una comunidad rebelde "armada de verdad y de fuego", en donde el acento está puesto en las primeras palabras. Esto explica por qué a pesar de existir desde hace tiempo numerosas guerrillas en México[27], ninguna de ellas ha podido hasta ahora alcanzar el consenso social y político logrado por el EZLN, no sólo en su país, sino en buena parte del mundo.
En efecto, lo que caracteriza a estos ignotos encapuchados es precisamente su alejamiento respecto de las formas tradicionales de hacer política. A diferencia de los partidos y movimientos de izquierda clásicos, no propugnan la toma del poder, ni pretenden arrogarse el título de vanguardia. Tampoco ansían devenir un grupo corporativo, que peticiona demandas meramente particulares. Su famosa máxima "para todos todo, para nosotros nada", no hace más que ratificar el carácter anti-sectario del zapatismo, aún cuando recuperen históricos y legítimos derechos indígenas pisoteados por más de 500 años de sometimiento[28]. La realización de un Encuentro Intergaláctico, bajo el lema "contra el neoliberalismo y por la humanidad", amplió aún más el tono internacionalista de su discurso. Veamos, pues, algunos de los ejes antes descriptos.
El primero es su subversiva concepción de la revolución. De ser una respuesta, la transformación sustancial de la sociedad se convierte en un interrogante que se contesta en la propia experiencia vivencial de las comunidades. Todas las decisiones importantes son discutidas antes de llegar a un consenso, aplicándose el principio de "mandar obedeciendo". El propio Marcos (1998) admitió que "nuestra única virtud como teóricos fue tener la humildad para reconocer que nuestro esquema teórico no funcionó, que era muy limitado, que teníamos que adaptarnos a la realidad que se nos imponía". La revolución debe ser entonces, al decir de los zapatistas, un proceso auto-creativo, gestado en el propio transcurso de la experiencia, esencialmente democrático, no sólo en el sentido de que tiene a la democracia como meta, sino en la medida en que es democrática la forma misma de lucha. De ahí que sea imposible pre-definir un punto de llegada (Holloway, 1997). Su noción de la revolución es, además, anti-instrumentalista, por cuanto no se entiende como un medio para lograr un fin. No es la preparación de un evento futuro, sino la transformación hoy de las prácticas y formas de relacionarse. También resulta en parte anti-definicional: camina preguntando, no contestando; supone un viaje constante más que un horizonte determinado de manera teleológica[29]. La apertura y la incertidumbre son, por tanto, inmanentes al concepto zapatista de revolución.
Resignificando a Antonio Gramsci, en su noción de sujeto revolucionario, la "sociedad civil" es el verdadero agente del cambio radical. En ella se incluye a los múltiples actores sociales y políticos que luchan a diario "contra el neoliberalismo y por la humanidad", a través de formas de organización autónomas. La lucha por la dignidad (por el control sobre nuestras propias vidas) no es de acuerdo al zapatismo privilegio de ningún grupo definido. Tal como afirman en una de sus proclamas, "la revuelta de la dignidad viene del fondo de nosotros mismos" (...) "es esa Patria sin nacionalidad, ese arco iris que es también puente, ese murmullo del corazón sin importar la sangre que lo vive, esa rebelde irreverencia que burla fronteras, aduanas y guerras" (EZLN, 1995).
Asimismo, su forma organizativa implica que el autogobierno y la horizontalidad son ejes directrices. El "mandar obedeciendo" no es una mera consigna, sino que encarna en el conjunto de instituciones que han dado luz en la selva Lacandona. Los llamados Municipios Autónomos son el mejor ejemplo que este ejercicio de democracia directa y participación política ampliada. Como ha expresado Marcos (1998), su creación "es la forma en que las comunidades indígenas cumplen y aplican los acuerdos de San Andrés". Estos acuerdos "reconocen la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse según sus usos y costumbres, según sus formas internas, y eso es lo que se está aplicando y eso es lo que da sentido a los Municipios Autónomos. Esto es lo que pasa ahora; aún si el gobierno no cumple los acuerdos, ellos los dan por acordados y lo están aplicando". Sin embargo, sería erróneo pensar que el zapatismo no hace más que revitalizar las instancias tradicionales de organización indígena. Antes bien, lo que se ha producido es una especie de híbrido entre estas formas propias de los pueblos originarios y elementos innovadores. Si por un lado se ha mantenido la tradición según la cual la asamblea de cada comunidad es el órgano máximo de decisión, por el otro se ha adoptado un funcionamiento consejista para la coordinación de acciones (Abad Domínguez, 2002).

2. Argentina: "¡piqueteros, carajo!"

En nuestro país existen una multiplicidad de movimientos sociales en lucha. Podría decirse que si en los años '80 los derechos humanos fueron el aglutinante mayor, en los '90 la desocupación y la descomposición social de las clases medias dieron lugar al surgimiento de organizaciones que intentaban impugnar las políticas neoliberales aplicadas de manera sistemática a lo largo de la llamada "década menemista"[30]. De esta forma, en los primeros años del gobierno del Partido Justicialista se fueron generando, al calor del aumento estrepitoso de los índices de desempleo, numerosos grupos y coordinadoras que nucleaban a trabajadores desocupados. Teniendo como disparador originario en diciembre de 1993 el estallido social conocido como Santiagazo, comienzan a irrumpir en la escena pública sucesivas "puebladas". Su surgimiento estuvo vinculado a los procesos de ajuste emprendidos inicialmente por los gobiernos provinciales a instancias de la política de desguace estructural del Estado impulsada por el gobierno de Carlos Menem.
Como expresa Marina Farinetti (1999), a partir de 1994, por el impacto del aumento de las tasas de interés en EEUU y, particularmente, de la devaluación mexicana, la estrategia económica que permitió al gobierno nacional afrontar el ajuste (altamente dependiente del flujo de capitales externos y de la expansión de la demanda interna) mostró su fragilidad. Los gobiernos provinciales, jaqueados por la crisis financiera, el descenso de los recursos fiscales y el acrecentamiento de las presiones del gobierno nacional por implementar el ajuste, no tuvieron otra opción que poner en marcha las reformas que habían evitado hasta entonces: centralmente, la privatización de empresas públicas y la transferencia de los sistemas previsionales al Estado central. Esta vuelta de tuerca del ajuste puso a las administraciones provinciales en gravísimos apuros. En muchos casos, no pudieron ni siquiera afrontar el pago de los salarios de sus empleados.
A lo largo de 1997, el corte de ruta se generaliza en tanto modalidad de protesta. Es así como emerge la práctica del piquete[31] en los pueblos de Cutral Co y Plaza Huincul (y posteriormente en Tartagal) en los meses de mayo y junio[32]. Frente a este panorama, el gobierno comienza a implementar los Planes Trabajar como herramienta de descompresión del conflicto.
Inmediatamente luego de estos acontecimientos, en la zona sur del Gran Buenos Aires surgen varios grupos que se autodefinen "piqueteros", emulando la acción realizada por los desocupados de otras provincias del país. Durante la segunda mitad del año se registran en el conurbano un total de 23 bloqueos de rutas y accesos a la Capital Federal. Sin embargo, la gran expansión del fenómeno se produce recién en tiempos del gobierno de Fernando De la Rúa. Como explica Julio Burdman (2001) "con el doble objetivo de afectar la estructura clientelista en la provincia de Buenos Aires y limitar el crecimiento de pequeños grupos de piqueteros en el conurbano, el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Fernández Meijide introduce una modificación en la distribución de los planes -en general, en manos de los municipios-, proponiendo que estos sólo sean asignados a ONG's que se responsabilizan de su ejecución. Pero en lugar de contener la práctica piquetera, esto la institucionaliza y la potencia".
Así fueron consolidándose, a partir de la acción directa basada en el trabajo territorial, además de los MTD's (Movimiento de Trabajadores Desocupados), la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la FTV (Federación de Tierra y Vivienda), así como otras organizaciones, en muchos casos de menor envergadura, como el MTL (Movimiento Territorial del Liberación), el MTR (Movimiento Teresa Rodriguez), el PO (Polo Obrero), el Movimiento Barrios de Pie, el MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados), el MST (Movimiento Sin Trabajo) y la CTD (Coordinadora de Trabajadores Desocupados), en tanto esfuerzos colectivos por reconstruir el tejido social roto por la Dictadura Militar a partir del Golpe de Estado de 1976. También diversas son las prácticas que constituyen al movimiento piquetero: desde las modalidades más creativas de trabajo informal, hasta las ollas populares, pasando por el trueque y la invención de formas de convivencia en los propios cortes de ruta.
Cabe destacar que, en los piquetes, las asambleas son no sólo órganos de decisión política, sino auténticos dispositivos de regulación de la vida tomando como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal como expresa Pablo Perazzi (2002) poco a poco el piquete "deja de representar únicamente una medida de acción directa -y por lo tanto de duración limitada-, expresando cada vez más un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo puntual", buscando tornar visible idearios político-sociales, a través del traslado de la oscura realidad barrial a una geografía pública.
Por ello, si los primeros piquetes se produjeron a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos, a medida que crecía la capacidad de movilización y envergadura de las diferentes organizaciones de trabajadores desocupados, los cortes asumían una dinámica de acción centrípeta (Perazzi, 2002). Es así como en noviembre de 2000 se realiza en distintos puntos del conurbano bonaerense un piquete coordinado en escala. De ahí en más, la cantidad de prácticas de este tipo irán en aumento, al punto de llegar en el año 2002 más de 1.100 los cortes de ruta en todo el país, registrándose en el 2003 cerca de 250 piquetes solamente en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, sería incorrecto reducir a estos movimientos a la interrupción o bloqueo del transito. De hecho, buena parte de las acciones que los constituyen como tales se encuentran por fuera del piquete: en los barrios y espacios autogestionados por ellos mismos. En efecto, al igual que los zapatistas y los sin tierra, en dichos ámbitos intentan componer instancias de subsistencia autónomas con respecto al mercado y al Estado. A ello apuntan los múltiples "emprendimientos de trabajo": fábrica de grasa, herrería, panadería, bloquera (producción de ladrillos), cuadrillas de construcción, elaboración de artículos de limpieza, roperos y farmacias comunitarios, merenderos, comedores populares, y demás prácticas cooperantes[33].

3. Brasil: "tierra y libertad"

Tal como relatan Frei Sérgio Gorgen y Joao Pedro Stedile (1984), la historia del Movimiento Sin Tierra no tiene una fecha especifica en cuanto a su origen. Sus más cercanos antecedentes se los puede encontrar en los diferentes acontecimientos que se desarrollaron principalmente en 1978. Es a partir de esta fecha que las luchas de los agricultores sin tierra comenzaron a organizarse para la conquista de una área de tierra, multiplicándose así las ocupaciones en distintas regiones. Pero todavía estas acciones eran aisladas, siendo recién en 1981 cuando comenzaron los encuentros de los dirigentes de estas luchas localizadas, encuentros promovidos por la Comisión Pastoral de la Tierra. Como resultado de estas articulaciones de las diferentes luchas que se estaban dando, se realizó en enero de 1984, en Cascavel (Paraná), el Primer Encuentro Nacional de los Sin Tierra.
Como factores que determinaron el surgimiento del MST puede mencionarse, en primer lugar, el económico: durante la década de los 70 hubo una gran concentración de la tierra y una expansión de la mecanización de los cultivos, de la utilización de los insumos industriales. Muchos trabajadores fueron así reemplazados por maquinaria, por lo que resultaron expulsados de las tierras. Este y otros catalizadores agudizaron la reducción de la mano de obra en esas haciendas. También se fue tornando cada vez más inviable para los trabajadores rurales excluidos de la agricultura la emigración hacia regiones amazónicas o el éxodo rural hacia las ciudades. En tercer lugar, el trabajo de la iglesia católica, a través de las pastorales rurales, llevo a cabo una concientizacion de los campesinos sobre sus derechos a la tierra. Todo esto generó una corriente de transformación en los sindicatos rurales tradicionales, que se volvieron más combativos, pasando a estimular y apoyar la lucha por territorios propios. Por ultimo, el proceso de apertura democrática y la derrota del régimen militar, durante el gobierno de Figueiredo, influyó positivamente en las posibilidades de que los campesinos sin tierra se organizasen en sindicato y en movimiento, al perder el miedo a la represión política.
Respecto de su composición socio-económica, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil reúne a aparceros, arrendatarios, medieros, asalariados rurales, ocupantes, y pequeños campesinos. Dentro de esta diversidad de sectores, predomina el campesino rural, si bien entendido como trabajador en un sentido amplio.
En cuanto a los objetivos y metas del MST, podemos afirmar que a grandes rasgos tres son los ejes directrices por los que lucha: la tierra, la reforma agraria y una sociedad mas justa. El primer objetivo atiende a una necesidad económica de supervivencia de cada familia que no tiene tierra. El "sin tierra" aspira a la tierra como una oportunidad de trabajo, no piensa ni en el enriquecimiento ni en la especulación, no tiene intención de venderla mas adelante ni conservarla como una reserva de capital. Por lo tanto, la motivación prioritaria del movimiento es conseguir resolver el problema de la supervivencia de millares de familias de agricultores. El segundo objetivo, que es la Reforma Agraria, se entiende como un conjunto amplio de medidas que tienen que ser tomadas por el gobierno para cambiar la estructura del país y garantizar la tierra a todos los agricultores que quieran trabajarla. Se incluirían, por supuesto, medidas complementarias de política agrícola, como créditos, precios, asistencia técnica y seguridad rural, necesarias para garantizar la viabilidad y rentabilidad de la pequeña producción. Por último, el tercer objetivo es luchar por una sociedad más justa, sin explotadores ni explotados. Este propósito tiene un claro carácter político, pues está relacionado con la organización de la sociedad y con el poder político dentro de ella. Luchar por la reforma agraria es luchar por cambios revolucionarios en la totalidad del país (Stedile, 1998).
En este sentido, es importante aclarar que el MST se considera a si mismo un movimiento de masas cuya principal base social son los campesinos sin tierra, por lo que tiene un carácter, al mismo tiempo, sindical (en la medida en que su resistencia su vincula con la resolución del problema económico de las familias), popular (porque participan diferentes sectores oprimidos que demandan reivindicaciones populares, especialmente en los asentamientos) y político (no en términos partidarios, sino en el sentido que quiere contribuir a un cambio social radical)[34].
Con relación a las metodologías de lucha, podemos expresar que la conquista de la reforma agraria se hace concreta, en parte, a través de la acción inmediata por la tierra. En los últimos 15 años, el MST ha desarrollado varias formas de confrontación para enfrentar el poder político y económico de los latifundios y presionar a los gobiernos federal y estatal a distribuir tierra entre los agricultores. Es así como en primera instancia se realizan audiencias con las autoridades políticas, buscando la negociación con los órganos de gobierno. Las mismas tienen dos características: por un lado, los agricultores siempre negocian en grupos grandes; por otro lado, los trabajadores cobran punto por punto las promesas de los gobernantes (Llusia, 1997).
Cuando el gobierno se niega a atender a las reivindicaciones de los trabajadores, estos pasan a utilizar modalidades de presión política mas contundentes, en vistas de obligar a los gobernantes a dialogar con el movimiento. La ocupación de tierra es la mas fuerte de estas acciones. Los agricultores organizados en el MST, agotadas las tentativas a través de las audiencias, entran en un latifundio, de propiedad particular o del gobierno, y no salen de allí sin una solución para las familias ocupantes. Las ocupaciones son hechas por grandes grupos de campesinos procedentes de municipios distintos, e incluso distanciados, que llegan, de madrugada, a un latifundio previamente escogido. Ya establecidos en el terreno, se delimita el local del campamento y se inicia la construcción de las barracas forradas de plástico y letrinas, como primeras medidas.
La ocupación crea una situación de conflicto que obliga al gobierno y a la sociedad a fijarse en el problema de los Sin Tierra. Inmediatamente, el MST, a través de la Comisión de Negociación de la ocupación, busca las autoridades del sector para encontrar soluciones y tierras para asentar a las familias ocupantes. Normalmente los ocupantes no exigen la tierra ocupada, pero sí que se encuentren tierras para asentarlos dentro del Estado donde la acción directa se ha efectuado.
Respecto de la forma organizativa, en buena medida se encuentra condicionada por sus prácticas de acción directa. En los diferentes campamentos permanentes, con una población variable entre 500 y 800 personas, la organización interna se crea básicamente a partir de núcleos de base formados entre 10 y 30 familias. Son organizados por proximidad, casi siempre con referencia al mismo municipio desde el que vinieron al campamento. En estos núcleos se organizan los principales servicios y tareas: alimentación, salud higiene, educación, religión, recreación, etc. Para cada función se escoge un responsable. Estos responsables forman los equipos de servicio del campamento y se organizan regularmente para evaluar y planear sus actividades. Existe además un sistema de coordinación general del campamento, responsable de dar unidad al trabajo de los distintos equipos, encaminar las luchas del campamento, negociar con el gobierno y relacionarse con la sociedad. Esta organización incluye a la Asamblea General del campamento (órgano máximo de decisión que se reúne periódicamente), a los lideres de núcleos, que se reúne también periódicamente, organizan las tareas del campamento, mantienen los núcleos informados de las negociaciones, a la Coordinación del Campamento, electa por los acampados (Gorjeen y Stedile, 1984). Los principios que orientan a la organización son la democracia, la participación de todos en el proceso de toma de decisiones, la división de tareas y la dirección colectiva. El campamento se sustenta con el trabajo de los acampados, con la contribución de los miembros del movimiento que ya conquistaron tierra, la solidaridad de las personas y entidades, y los recursos reivindicados al gobierno.
De esta manera, podemos concluir expresando junto a Stedile (1998) que, más allá de sus tensiones, "la experiencia del MST muestra un nuevo estilo de acción: lo político (la Reforma Agraria) se articula con el beneficio personal y familiar concreto (la ocupación de la tierra y la conquista de una parcela). Lo utópico (el socialismo) es vivenciado en actividades colectivas (asentamientos y cooperativas). Por último, lo ético (la militancia y las marchas) encuentra motivaciones estéticas (los símbolos, como la bandera, la música y el ritual de los encuentros)".
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Notas
[1] En este caso, haremos hincapié en los movimientos de trabajadores desocupados de carácter autónomo, entendiendo por tales a aquellos que, desde una construcción territorial cotidiana de nuevas relaciones sociales, no dependen de ningún partido político ni central sindical.
[2] Hace varias décadas, a propósito del carácter novedoso de las luchas obreras norteamericanas respecto de las europeas, Mario Tronti (2001) señalaba que "las luchas obreras tienen hoy necesidad de una nueva unidad de medida". Tal como se expresa en el Editorial de Cuadernos del Sur Nº 34 de noviembre de 2002, también la teoría política requiere hoy pensar una nueva unidad de medida, que le permita medir efectivamente los alcances y limitaciones de los innovadores modos de organización y lucha sociales.
[3] A este fenómeno, Sergio Tischler (2002) lo ha llamado "crisis del sujeto leninista".
[4] Huelga aclarar que esto no implica que anteriormente no existieran este tipo de demandas, sino que más bien en la etapa actual han cobrado un protagonismo y relevancia inusitados.
[5] De manera premonitoria, Evers, Muller-Plantenberg y Spessart (1982) advertían ya a comienzos de los años '80 sobre las consecuencias políticas de una interpretación ortodoxa de las luchas en la esfera de la reproducción: "muchas organizaciones de la izquierda latinoamericana asignan una relevancia secundaria a estas formas de resistencia social. Por consiguiente, el 'avance' de estas organizaciones se identifica con su subordinación a las 'verdaderas' organizaciones de lucha social -sindicatos y partidos- para disolverse tendencialmente en ellas" (...) "Si no se consigue hegemonizar un determinado movimiento, se pasa a utilizarlo como campo de agitación y de reclutamiento, cuando no se lo boicotea y denuncia abiertamente como 'desviación' de la verdadera lucha de clases". Esta práctica instrumentalista se asemeja en grado sumo a la relación que en nuestro país han intentado establecer la mayoría de los partidos políticos con los nms (en especial con los sectores piqueteros y asamblearios).
[6] Lo cual no significa, por supuesto, que no sean a la vez movimientos políticos, en la medida en que "reivindican ser reconocidos como actores políticos por la comunidad amplia -aunque sus formas de acción no disfruten de una legitimación conferida por instituciones sociales establecidas- y que apuntan a objetivos cuya consecución tendría efectos que afectarían a la sociedad en su conjunto más que el mismo grupo solamente" (Offe, 1996).
[7] Así lo manifiestan, por ejemplo, los Movimientos de Trabajadores Desocupados de Solano, Almirante Brown y Lanús (2001): "hacemos política, al organizarnos en los barrios, al confrontar contra las instituciones del Estado que sostienen este sistema de hambre y muerte, al organizar nuestro futuro al margen de los aparatos burocráticos, los partidos políticos y los sindicatos tradicionales, al defender exclusivamente los intereses de los trabajadores y el pueblo. Y seguiremos haciendo 'esta' política hasta conquistar el CAMBIO SOCIAL que garantice una vida digna y un futuro con justicia y libertad para todos".
[8] Esta tensión, inherente a la lucha misma en y contra la sociedad capitalista, es sintetizada por Claudio Albertani (2003) en los siguientes términos: "Los Estados-nación siguen ahí; son nuestros enemigos y también son nuestros interlocutores. No podemos bajar la guardia: tenemos que presionarlos, hostigarlos, acosarlos. En ocasiones habremos de negociar y lo haremos con autonomía".
[9] A esto se ha referido en reiteradas ocasiones el MST al postular que "democracia es tener el estomago lleno", pregonando al mismo tiempo que "no es posible la justicia sin Reforma Agraria"
[10] Una de las pocas excepciones es el caso tanto de los "sin papeles" (migrantes ilegales) como del "precariado" (hombres y mujeres cuyas dimensiones de la vida, incluida la laboral, se encuentran asoladas por la incertidumbre y la movilidad impuesta), quienes -no exentos de contradicciones- intentan generar desde su cotidianeidad una nueva sociabilidad insumisa y no capitalista, desligada de esta lógica espectacular. Desde otra perspectiva, los centros sociales okupas pueden verse como ámbitos de similar construcción auto-gestiva.
[11] También se han organizado, en paralelo, Foros "temáticos" en Argentina, Italia y Uruguay.
[12] Vale la pena recordar que, no casualmente, los tres países han atravesado profundas crisis financieras (México en 1994, Brasil en 1999, y Argentina en 2001). En términos económicos, en cada uno de los casos se constataron mecanismos similares que las fomentaron: tipos de cambio sobrevaluado, endeudamiento, incapacidad de mantener los niveles de deuda y creciente especulación bursátil, entre otros (Sader, 2002).
[13] Huelga aclarar que esta caracterización no supone concebir a estos sujetos sociales como ajenos o externos a la dinámica capitalista. Antes bien, se encuentran precisamente incluidos en una variedad de redes de control y reproducción de la vida en tanto que excluidos de los medios y recursos necesarios para garantizarla de manera autónoma con respecto al capital y al Estado.
[14] Surgidas en agosto de 2003, pueden ser vistas como instancias regionales de autogobierno, que intentan coordinar la actividad de los Municipios Autónomos en Rebeldía, creados en diciembre de 1994 con el objetivo de quebrar el cerco militar impuesto por el gobierno de Salinas de Gortari. De acuerdo al EZLN (2003), cada Junta "representa un esfuerzo organizativo de las comunidades, no sólo para enfrentar los problemas de la autonomía, también para construir un puente más directo entre ellas y el mundo"
[15] El Movimiento Teresa Rodriguez expresa por ejemplo en su Libro Celeste (especie de manifiesto fundacional): "el alma de nuestro Movimiento son los Cabildos (asambleas). Quienes integramos el MTR gobernamos y deliberamos a través de nosotros mismos. No delegamos en nadie ni el gobierno ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en Cabildos y decidimos por consenso o por mayoría qué se hace o se deja de hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que consideramos los más capaces para encabezar la ejecución -y sólo la ejecución- de lo resuelto."
[16] Cabe mencionar los casos de Alberto Spagnolo, ex párroco y miembro del núcleo fundador del MTD de Solano, y Luis D' Elia, demócrata cristiano y máximo referente de la FTV.
[17] Si Joao Pedro Stedile (1998), dirigente nacional del MST, ha manifestado su rechazo al calificativo de "vanguardia", lo propio han hecho los zapatistas al expresar que el cambio revolucionario que preconizan es "anti-vanguardista". En cuanto al movimiento piquetero, si bien existen divergencias en su seno, gran parte de ellos efectúan críticas a la concepción marxista tradicional de vanguardia, en especial los MTD's (nucleados o no en torno a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados-Anibal Verón) y la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi.
[18] En el caso de los piqueteros, la consigna levantada por todos ellos es "trabajo, dignidad y cambio social". Los zapatistas, a su vez, han definido su movimiento como una "revuelta de la dignidad". El Movimiento Sin Tierra, por su parte, postula como uno de los ejes centrales de su Programa de Reforma Agraria de 1995 "la construcción de la dignidad a través de la democratización de la tierra y de los medios de producción".
[19] En este sentido, Alain Touraine (1984) define a la "oposición" (contra quién luchan) como uno de los tres principios de existencia de los movimientos sociales. Los otros dos principios son el de "identidad" (a quien representan) y el de totalidad (en nombre de qué valores generales lo hacen). Raúl Zibechi (2002) ha llegado incluso a calificar a esta iniciativa como una "capacidad de veto" por parte de los nms, que tiende a desmembrar los mecanismos de reproducción del sistema.
[20] Si bien no podemos ampliarla en el presente texto, coincidimos con la hipótesis formulada por Friedrich Jameson (1998) de que en la fase de subsunción real del capital se vive "un transito de la producción a la circulación". En este contexto, el piquete adquiere una creciente centralidad en la dinámica antagonista de la lucha de clases.
[21] Parafraseando a Antonio Negri (2003), podemos decir al respecto que "el trabajo vivo no sólo rechaza su abstracción en el proceso de valorización capitalista y de producción de plusvalor, sino que a su vez plantea un esquema alternativo de valorización, la autovalorización del trabajo".
[22] El ejemplo más claro son los cortes de ruta en Argentina: de ser manifestaciones espontáneas y caóticas, han devenido en un mecanismo de presión frente al Estado, sumamente planificado a través de variadas instancias de coordinación, tales como la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, el Bloque Piquetero Nacional y la CTD Anibal Verón.
[23] Otros casos paradigmáticos son el Movimiento Pachakutik de Bolivia y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que por razones de espacio y complejidad no desarrollamos en este artículo.
[24] De hecho, la fuerza principal del MST radica en su confrontación extraparlamentaria: la invasión de terrenos improductivos, el bloqueo de carreteras, la ocupación de los Institutos para la Reforma Agraria. La táctica, la estrategia y los debates ideológicos del MST se deciden dentro del movimiento y no están subordinados al PT o a sus representantes parlamentarios. Por el contrario, ha sido el MST, mediante estas acciones, quien ha garantizado el compromiso de los dirigentes con la lucha agraria.
[25] Desde fines de marzo y durante el mes de abril de 2004, alrededor de 15.000 familias nucleadas en torno al MST iniciaron una ofensiva de toma de tierras como mecanismo de presión, ocupando más de 50 terrenos en 14 estados brasileños.
[26] La "Mesa de Diálogo" conformada por la Iglesia y el gobierno de Eduardo Duhalde durante 2002, de la cual desde entonces forman parte la CCC y la FTV, no es más que una forma caricaturesca con la que el poder intenta institucionalizar -a la vez que fragmentar- al sector más moderado del movimiento piquetero.
[27] En la actualidad, varios grupos insurgentes armados operan en catorce estados mexicanas. Entre ellos, se destacan el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), las Fuerzas Armadas Revolucionarios del Pueblo (FARP) y el Ejercito Revolucionario Popular (ERP).
[28] La tensión entre actuar a modo de grupo reivindicativo de los derechos indígenas y ser considerado un movimiento de carácter nacional ha atravesado al zapatismo desde sus orígenes. De hecho, en un primer momento las comunidades de la Selva Lacandona miembros del EZLN habían barajado la posibilidad de darse a conocer el 12 de octubre de 1992, fecha conmemorativa de los 500 años de dominación occidental en el continente. Sin embargo, luego de un profundo debate, se optó por "emerger" el mismo día en que se efectuaba la puesta en vigencia del NAFTA (Tratado de Libre Comercio) en México.
[29] De ahí las numerosas caravanas y movilizaciones realizadas, entre la que se destaca la "Marcha del Color de la Tierra", del 24 de febrero al 2 de abril de 2001. También el MST ha realizado incontables caminatas y marchas con un objetivo similar: "dialogar con la sociedad" y "explicarle a la población el sentido de la lucha" intentando "romper el aislamiento" que los sucesivos gobiernos tratan de imponerle al movimiento (Stedile y Fernandez, 2000).
[30] Con esto no estamos afirmando que las organizaciones de derechos humanas hayan dejado de tener un protagonismo en las luchas sociales y políticas. El caso más ejemplificador es el de la agrupación juvenil H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que a través de los "escraches populares" ha instalado una nueva forma de condena social, frente a la impunidad otorgada desde el Estado a cientos de represores de la última dictadura militar.
[31] Tal como nos recuerda Perazzi (2003), el vocablo remite a la clásica modalidad de presión sindical consistente en obstaculizar el ingreso a las fábricas, paralizando la producción y, una vez transcurrido un cierto tiempo, obtener el suficiente poder de negociación como para satisfacer los reclamos que dieron origen a la medida.
[32] Ya en 1996, en Cutral Co y Plaza Huincul, más de 20 mil personas (alrededor de la mitad de la población total), decidieron espontáneamente apropiarse durante semanas de las rutas nacionales y provinciales, para solicitar la instalación en la zona de una planta fertilizante con el objetivo de obtener nuevos puestos de trabajo (Perazzi, 2003). Vale la pena mencionar este antecedente, a los efectos de contrastar las formas organizativas que asumen y el tipo de demandas que hoy en día exigen los diferentes movimientos piqueteros, las cuales exceden ampliamente la mera creación de fuentes de empleo. Al respecto, puede consultarse el Programa votado el 28 y 29 de septiembre de 2002 por la Tercer Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, convocada por el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Barrios de Pie, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados y el Movimientos Independiente de Jubilados y Desocupados.
[33] Esta es quizás una de las mayores limitaciones del movimiento piquetero: a diferencia del MST (que cuenta con alrededor de 4.000 asentamientos y millones de hectáreas bajo control comunitario) y de los zapatistas (cuya zona de influencia directa abarca a más de la mitad del estado de Chiapas), los trabajadores desocupados de la periferia urbana no han logrado aún conquistar un espacio territorial autónomo de envergadura, donde ensayar nuevas formas de producir su propia vida en términos colectivos. De más está decir que esta perspectiva no implica adscribir a aquellos proyectos que ilusoriamente conciben la posibilidad de consolidar a mediano y largo plazo una autosustentación, en pequeña escala, al margen de las relaciones sociales capitalistas. Creemos que, más que a "islas", habría que apostar a la conformación de "archipiélagos" que tengan como horizonte articularse a nivel nacional, regional y hasta planetario.
[34] Entre las reivindicaciones fundamentales del movimiento, cabe destacar las siguientes: a) Expropiación de los latifundios; b) Expropiación de las tierras de propietarios multinacionales; c) Definición de un tamaño máximo para la propiedad rural; d) Una política agrícola pensada para el pequeño productor; e) Autonomía para las áreas indígenas; f) Áreas de irrigación en el Nordeste; g) Cobro sumario del Impuesto Territorio Rural-ITR. Para un desarrollo de los mismos, véase Gorgen y Stedile (1984).
AUTOR: Hernán Ouviña, en estudio publicado recientemente en Cuadernos del Sur núm. 37 (Argentina), analiza y compara tres casos de movimientos que expresan una nueva radicalidad política en América Latina. Ofrece una "cartografía" de los mismos y aporta para un debate estratégico sobre la dinámica de los nuevos sujetos sociales.
El índice completo de la revista así como subscripciones se pueden solicitar a subscripciones@cuadernosdelsur.org.ar (para América Latina: U$ 35 por 4 números).